El acceso a la participación y el acceso a la información, además de ser derechos, son deberes de las personas y de las omunidades, que tienen su fundamento en los dos primeros artículos y en el artículo 20 de la Carta Política, que establecen a Colombia como un Estado Social de derecho, democrático, participativo y pluralista, facilitador de la intervención de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y garante de la posibilidad de brindar y recibir información veraz e imparcial. Los avances en materia de información y participación, sumados al desarrollo que ha tenido la institucionalidad y la legislación colombiana en materia ambiental a partir de las conferencias internacionales sobre medio ambiente, representan un significativo progreso en la protección del ambiente y de los recursos naturales de nuestro país.

Para la defensa de los derechos ambientales establecidos en la Carta Política de Colombia, se han consagrado instrumentos de protección y se han abierto posibilidades de incidencia, intervención, contribución y aportación, mediante el acceso a la información y a la participación, que se presentan en los programas, planes y trámites ambientales. A través de estos mecanismos se legitiman las decisiones y se da la oportunidad para que las personas opinen y se apropien de las diferentes decisiones y proyectos ambientales, pretendiendo hacer realidad el derecho de todos los colombianos a gozar de un medio ambiente sano y el deber de garantizar la participación en las decisiones que puedan afectarlos.