Ya han pasado casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a pesar de ello un estudio elaborado por organizaciones de la sociedad civil (Participa, Pro Acceso, Pro Bono, Ciudad Viva, Ciudadanos Inteligente y la escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales), detectó que en la práctica se producen tres grandes inconvenientes a la hora de hacer valer este derecho: desconocimiento de la norma por parte de los funcionarios públicos, barreras tecnológicas y abuso de las excepciones que contempla la ley.

En 2010 los organismos públicos recibieron 35.411 solicitudes de acceso a información pública, según los establece el sitio Web del gobierno de Chile. Una cifra abultada, en principio, pero que esconde las serias dificultades que aún encuentran los ciudadanos para acceder a ella.

Un fuerte desconocimiento de la ley tanto por parte de los funcionarios públicos como de la ciudadanía, surge como la principal barrera establecida en el estudio. Errores como que un funcionario le pida al solicitante que transfiera la petición a otro departamento, cuando él es quien debe hacerlo; o el incumplimiento de los plazos de respuesta –los organismos tienen 20 días hábiles para hacerlo–, son un ejemplo de ello –en el último caso, el requirente tiene 15 días hábiles para presentar el caso frente al Consejo de Transparencia.

Uno de los tipos de barreras más frecuentes son las tecnológicas, ejemplos: sitios Web de algunos organismos públicos que presentan graves fallas para acceder a la información, problemas con los formularios virtuales para hacer solicitudes en línea. Links “rotos”, contraseñas que nunca llegan al mail del requirente, petición de datos personales que no son obligatorios por ley, el no procesamiento de los datos ingresados por parte del sitio, son algunas de las fallas más comunes entre los obstáculos tecnológicos.

En julio de 2010, Ciudad Viva realizó una solicitud vía Web a la Municipalidad de Ñuñoa, consultando sobre la cantidad de patentes de alcohol que les fueron solicitadas durante los últimos 12 meses. El formulario debió ser enviado dos veces por problemas existentes en la plataforma de la página de la Municipalidad. La respuesta llegó el 25 de agosto –fuera del plazo establecido–, con información que no correspondía a la solicitud.

El tercer tipo de barrera radica en las excepciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública, que excusan a los organismos de entregar datos cuando afectan el debido cumplimiento de sus funciones. El estudio del grupo de organizaciones da cuenta que muchas instituciones abusan de estas excepciones, denegando información bajo argumentaciones y justificaciones débiles o inexistentes.

El estudio “Obstáculos a la información pública: una revisión de casos ciudadanos”, se enmarca dentro del programa de “Promoción de actores ciudadanos como demandantes de Información Pública en Chile”. El objetivo de éste es que la ciudadanía se apropie del derecho de acceder a información pública y que los servicios públicos mejoren sus prácticas e internalicen sus obligaciones y los derechos de los ciudadanos.

La investigación cualitativa incluyó el análisis de 19 casos de solicitudes de información, además de los ya nombrados, a instituciones como el Ejército, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Conicyt, entre otros.