Participación Pública: Propuesta de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Córdoba

Los representantes de la provincia de Córdoba se encuentran en deuda. Todavía no sancionan una Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Luego de un extenso proceso participativo que recogió sugerencias de los diferentes sectores involucrados, la Secretaría de Ambiente encargada de llevarlo a cabo ha desconocido los resultados arrojados por las instancias de participación pública.
En Noviembre del 2007 la Ley Nacional Nº 26.331 estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Esta norma obliga a los estados provinciales a que en un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la ley, a través de un proceso participativo, generen un Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten. Además, establece la obligación del Estado Nacional de brindar, a solicitud de las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones.
Con motivo de esto, la Secretaría de Ambiente de Córdoba desarrolló el Programa de Ordenamiento que incluyó en su primer etapa un proceso de participación pública estructurado en varios ejes. Se creó una comisión especial conformada por representantes del sector público, privado y social, responsable de la realizaron talleres regionales que receptarían propuestas de los lugareños sobre los criterios de conservación y zonificación. CEDHA integró este proceso durante el mes de abril hasta su culminación. Los talleres fueron en total siete y convocaron fuerzas públicas y entidades de la sociedad civil: organizaciones de productores, productores, dueños de campo, campesinos, cooperativas, industria, iglesias, ONGs, municipios, técnicos, universidades y funcionarios de Parques Nacionales. El Programa también dedicó esfuerzos al establecimiento de un portal del Programa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la página web de la Secretaria de Ambiente, en donde se receptaron las sugerencias del público de manera virtual. En conformidad con las propuestas elevadas desde los foros participativos, el proceso cerró con la realización de una Audiencia Pública, en la cual se presentó la propuesta con todas las sugerencias receptadas en las etapas anteriores.
Actualmente la Secretaría de Ambiente ha desconocido el mapeo propuesto por la comisión especial y con ello el valor de todo el proceso que se instituía en un valioso antecedente para la provincia, que cuenta en general con malas experiencias en lo relativo a instancias participativas. Es de destacar que será tarea de los legisladores provinciales ponderar el valor de las diferentes propuestas de ordenamiento territorial que se les presenten y éstos han presentado recientemente un proyecto de resolución reclamando al Ejecutivo elevar el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial. Paralelamente los ciudadanos, con excepción del sector rural que ve sus intereses en conflicto, muestran en general un amplio apoyo a los resultados arrojados por el proceso participativo, incluso es posible detectar comportamientos aislados de propietarios de tierras con bosques que han requerido el asesoramiento estatal para la conservación del mismo.
La Coalición Argentina se encuentra actualmente evaluando los resultados de este proceso, en orden a iluminar los inconvenientes que hoy impiden a los argentinos efectivizar el derecho para participar en los procesos de toma de decisión en asuntos ambientales. Uno de los retos en este aspecto, es que la participación ciudadana tenga capacidad real de influenciar las decisiones gubernamentales y sea respaldada por el Estado con medidas concretas tendientes a garantizar la capacidad y capacitación institucional para gestionar la participación, la pluralidad de participantes, la libertad de participación y expresión en los foros.
Laura Ruth Giménez
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